En la lógica contemporánea de la comunicación pública, el poder se legitima respondiendo, no atacando; explicando, no evadiendo; sosteniendo el diálogo, no destruyéndolo. La audiencia interpreta el insulto como un mecanismo de defensa, no de fortaleza.

A veces, una sola pregunta basta para revelar la tensión entre poder, verdad y responsabilidad pública. En la más reciente confrontación entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y Nancy Cordes, jefa de la corresponsalía de la Casa Blanca de CBS News, ocurrió exactamente eso. La periodista formuló una pregunta precisa, fundamentada y de interés público:

“Señor Presidente, si responsabiliza al Gobierno de Biden por la entrada del atacante afgano, ¿cómo explica que su propia administración aprobara su asilo en abril de este año?”

La respuesta del mandatario —el insulto “stupid”— abrió la puerta a una ola de reacciones que trascienden el incidente puntual. Lo que sucedió después se convirtió en un caso de estudio sobre liderazgo, comunicación institucional y la manera en que las sociedades modernas evalúan el comportamiento de sus gobernantes.

Durante los últimos días en Mediáticos días analiczamos  aproximadamente 850–900 comentarios distribuidos en cuatro grandes bloques de conversación digital, básicamente en Instagram, en perfiles de medios de Estados Unidos.  La muestra es lo suficientemente amplia para detectar patrones sólidos.

La opinión pública que reaccionó a este incidente se inclina de manera aplastante hacia la periodista y en contra del presidente. En torno al 75–80% de los usuarios expresaron rechazo hacia la conducta de Trump, mientras que cerca del 80% manifestó apoyo, empatía o reconocimiento hacia Cordes.

¿Por qué? Porque el incidente no se lee como un intercambio tenso entre un político y una reportera, sino como un reflejo de un problema más profundo: la incapacidad de un líder para asumir escrutinio sin degradar la investidura que representa.

A Nancy Cordes se le reconoce profesionalismo, serenidad y rigor. La audiencia interpreta su pregunta como un acto de servicio público. Trump, por el contrario, aparece como una figura reactiva, que responde con descalificación personal allí donde se espera claridad, datos y responsabilidad administrativa. En términos reputacionales, el costo es evidente: la periodista sale legitimada; el presidente, debilitado.

Lo más llamativo es que, tras analizar cientos de comentarios, el rechazo hacia Trump no se limita a la crítica puntual. Las personas recuperan narrativas que combinan preocupaciones sobre abuso de poder, normalización del maltrato, desgaste institucional y aptitud para el cargo. 

Expresiones como “verbal abuse”, “bullying”, “unpresidential”, “desecration of the office”, “dementia” y llamados a acciones como la 25ª Enmienda aparecen de forma reiterada. Se trata, por tanto, de un episodio que reactiva tensiones estructurales sobre cómo el poder se comporta frente a los límites institucionales y morales.

La minoría que defiende al presidente —entre el 15% y el 20%— lo hace desde un ángulo identitario: la idea de que “solo dice las cosas como son” o que “pone en su sitio a los medios liberales”. Este grupo es ruidoso, pero no logra contrarrestar la fuerza narrativa del rechazo mayoritario. La lectura dominante no es heroica ni desafiante, sino deteriorada.

Desde la perspectiva de la comunicación institucional, este caso confirma un principio clásico: la autoridad no se impone, se sostiene. Y se sostiene en la medida en que el líder cuida la legitimidad de la institución que encarna. Autores como Cornelissen (2020) y Christensen & Langer (2021) insisten en que las instituciones dependen de tres pilares comunicativos fundamentales: coherencia, civilidad y “accountability.” Cuando un líder rompe este triángulo —especialmente en un espacio público altamente mediatizado— el daño no se limita a su imagen personal; afecta a la percepción de la institución completa.

En este caso, el insulto no debilitó a la periodista, sino a la presidencia. Porque en la lógica contemporánea de la comunicación pública, el poder se legitima respondiendo, no atacando; explicando, no evadiendo; sosteniendo el diálogo, no destruyéndolo. La audiencia interpreta el insulto como un mecanismo de defensa, no de fortaleza. Como una señal de incapacidad para responder con hechos, no como un gesto de firmeza.

Cuestionamiento a los medios

Más inquietante aún es el cuestionamiento hacia los propios medios. Una parte significativa del público condena el silencio de los colegas en la sala de prensa: “¿Por qué nadie la defendió?”, “¿dónde está CBS?”, “la prensa está normalizando el abuso”. La crítica no se limita al presidente; se extiende al ecosistema que debería garantizar condiciones dignas para la labor periodística. Esto sugiere un vacío de liderazgo también en las organizaciones de comunicación, cuyos protocolos de protección y respuesta parecen insuficientes para enfrentar episodios de abuso desde el poder.

Al final, lo que este caso demuestra es que la comunicación política no puede desconectarse de la dimensión ética. Ni del simbolismo institucional. Ni del aprendizaje social. La forma en que un presidente trata a un periodista no sólo afecta a quienes están dentro de la sala: afecta a cómo una sociedad define lo aceptable, lo admirable y lo intolerable.

Trump no perdió credibilidad por un insulto; la perdió porque el insulto fue interpretado como síntoma. Y Nancy Cordes ganó legitimidad no por confrontar al presidente, sino por hacer lo que el periodismo serio siempre ha hecho: preguntar.

En tiempos en que la conversación pública está saturada de ruido, polarización y emocionalidad, conviene recordar que las instituciones se sostienen, en buena medida, por la calidad del lenguaje que emplean quienes las dirigen. Cuando ese lenguaje se degrada, el costo no es sólo reputacional. Es democrático.